Un hombre y una mujer se sientan hoy en el banquillo acusados de estafar a casi cien personas a través de una correduría de seguros de Puente Genil. Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, que pide cuatro años de prisión para cada uno, los acusados, entre los años 2000 y 2006, cobraron por pólizas que no tramitaron y de esta manera defraudaron al menos 30.000 euros.
Según el fiscal, los acusados constituyeron en 1999 una sociedad y, como correduría de seguros, actuaban de intermediarios en la formalización de pólizas entre los clientes y las compañías aseguradoras. Así, elaboraban las solicitudes de las personas que acudían a su oficina y rellenaban impresos de distintas compañías con las que no tenían vinculación comercial. Los clientes abonaban un pago en metálico a cuenta de la prima pero la póliza nunca llegaba a sus manos. Los acusados o bien no la tramitaban, quedándose con el dinero entregado, o si lo hacían no remitían a las compañías aseguradoras el dinero entregado por el cliente, sino que le indicaban una cuenta de su titularidad sin fondos que llevaba a las compañías a dar de baja el seguro.
No obstante, continúa el relato del fiscal, los clientes seguían haciendo pagos en metálico a los acusados a cuenta de las primas, dinero que los acusados disponían en su propio beneficio. A fin de evitar que se pusiera al descubierto su maniobra fraudulenta, hacían constar en la solicitud como domicilio del asegurado la de su propia oficina, para que cualquier reclamación no fuera conocida por el asegurado.( Diario Córdoba. H.R.)
Según el fiscal, los acusados constituyeron en 1999 una sociedad y, como correduría de seguros, actuaban de intermediarios en la formalización de pólizas entre los clientes y las compañías aseguradoras. Así, elaboraban las solicitudes de las personas que acudían a su oficina y rellenaban impresos de distintas compañías con las que no tenían vinculación comercial. Los clientes abonaban un pago en metálico a cuenta de la prima pero la póliza nunca llegaba a sus manos. Los acusados o bien no la tramitaban, quedándose con el dinero entregado, o si lo hacían no remitían a las compañías aseguradoras el dinero entregado por el cliente, sino que le indicaban una cuenta de su titularidad sin fondos que llevaba a las compañías a dar de baja el seguro.
No obstante, continúa el relato del fiscal, los clientes seguían haciendo pagos en metálico a los acusados a cuenta de las primas, dinero que los acusados disponían en su propio beneficio. A fin de evitar que se pusiera al descubierto su maniobra fraudulenta, hacían constar en la solicitud como domicilio del asegurado la de su propia oficina, para que cualquier reclamación no fuera conocida por el asegurado.( Diario Córdoba. H.R.)