Lo peor que le ha podido ocurrir en España al proyecto de reforma de la PAC es haberse presentado en campaña electoral. Las reacciones negativas de los representantes del sector agrario se daban por descontadas, ya que suelen ser habituales cuando se trata de modificar la situación de las ayudas que reciben los agricultores de la UE.Las reacciones de los representantes políticos han sido de una extrema virulencia, sólo explicable en clave electoral. Nunca, ni cuando la reforma Fischler de 2003, había escuchado expresiones de tanta dureza (desastrosa, nociva, dañina, peligrosa,…) para oponerse al proyecto de reforma de la PAC. Por cierto, no es la reforma de un rumano (el comisario Ciolos), como peyorativamente la han denominado algunos para descalificarla, sino el proyecto de una institución europea (la Comisión) que merece el mayor de los respetos, que conoce bien la realidad agraria de los distintos países y que ha hecho un esfuerzo encomiable para encontrar una síntesis entre intereses nacionales tan diversos y entre tan variados sectores productivos.
No ha sido un proyecto improvisado, sino fruto de muchos debates públicos (iniciados hace dos años), de muchas negociaciones y de muchos informes. Como ocurre con demasiada frecuencia, nuestro país ha estado prácticamente ausente de ese proceso negociador, ya que no basta con reunirse con el comisario o con un director general, sino que es necesario presentar buenos informes y propuestas. Lamentablemente, España ha perdido la gran oportunidad de incidir en los primeros borradores durante el semestre de nuestra presidencia de la UE (enero-junio 2010).
Aunque vaya contracorriente, manifiesto mi apoyo a este proyecto de reforma, que como todo proyecto es mejorable. Voy a exponer algunas razones y, de paso, discutir algunas falacias que se han difundido sobre el proyecto.
En primer lugar, no es verdad que se haya reducido el presupuesto destinado a la agricultura en el proyecto de la nueva PAC. El presupuesto del primer pilar (donde están las ayudas directas a los agricultores) se mantiene prácticamente igual en valores reales que en el actual escenario financiero (en torno a 300.000 millones de euros). Paradójicamente, lo que se ha reducido es el presupuesto del segundo pilar (el tan vilipendiado desarrollo rural por parte del sector agrario). Creo que el capítulo agrícola en su conjunto está razonablemente bien tratado en la propuesta de la Comisión (casi el 40% del presupuesto total de la UE), si tenemos en cuenta las graves dificultades económicas por las que pasan los diversos estados de la UE, que hacen imposible aumentar el presupuesto comunitario.
Claro que por ello hay que pagar un coste, como es el cambio de los criterios de redistribución de las ayudas directas para que se reduzcan las actuales desigualdades entre países y regiones. En efecto, se propone eliminar gradualmente los llamados "derechos históricos" que venían rigiendo hasta ahora para ser beneficiario de las ayudas y para el cálculo de las mismas. Pero, ¿acaso podemos seguir defendiendo un sistema de pagos que, basado en derechos históricos, excluye a un importante número de agricultores y condena a los productores de los nuevos países de la UE a un nivel de ayudas cuatro veces inferior a las nuestras? Parece que todavía no nos hemos enterado de que la UE se ha ampliado a 27 estados miembros, y que los nuevos tienen el mismo derecho que tuvo España a beneficiarse de la PAC y de los distintos fondos estructurales. Es verdad que España y algunas de nuestras regiones pueden perder con el nuevo reparto, pero creo que hay margen de maniobra suficiente a nivel nacional para mitigar las pérdidas en las ayudas del primer pilar de la PAC si sabemos hacer las cosas bien. Estamos ante un proyecto abierto, que debe ser debatido durante el próximo año 2012 en las instancias europeas del Parlamento y el Consejo, y allí están nuestros representantes políticos para intentar mejorarlo en aquello que creamos conveniente (por ejemplo, en la consideración de las particularidades de la agricultura mediterránea). Mejor que hablar ahora de vetos y de minoría de bloqueo, deberían comenzar a ponerse de acuerdo nuestros distintos gobiernos regionales para que el reparto del sobre nacional de las ayudas directas se haga de la mejor manera posible.
En segundo lugar, no es verdad que la propuesta de la Comisión ignore la dimensión productiva de la agricultura, ni tampoco que no plantee medidas para resolver los problemas de inestabilidad de los mercados y mitigar las dificultades por la que pasan los agricultores. Es cierto, y eso se sabe, que ni en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio) ni en el de la legislación europea sobre la libre competencia, hay espacio para establecer los mecanismos de regulación de los mercados que reivindican los agricultores (intervenciones, controles aduaneros, reciprocidad en los intercambios,…). Pero también es cierto (y eso no se dice) que el proyecto de reforma destina una importante cantidad de recursos (3.500 millones de euros) a crear un fondo de emergencia para afrontar posibles crisis de coyuntura que provoquen el hundimiento de los precios agrícolas (como ocurrió con la E.coli y el pepino), recursos que no saldrán de los fondos de la PAC. También se destina una importante dotación al llamado Fondo Europeo de Globalización (casi 3.000 millones de euros) para que los agricultores puedan hacer frente a problemas ocasionados por la volatilidad de los mercados globales. A ello habría que añadir el importante capítulo que se dedica a impulsar el sistema europeo de investigación agraria para desarrollar líneas dirigidas a aumentar la eficiencia y la competitividad de la agricultura (dotado con 5.000 millones de euros). Y todo esto sale sin tocar los recursos destinados a los dos pilares de la PAC.
En tercer lugar, no estamos ante una PAC ambiental. Ya quisieran los grupos ecologistas. Estamos ante una PAC que, con el dinero de todos los contribuyentes europeos, le concede un pago directo a los agricultores ("tasa plana") porque consideramos que disponer de una red de explotaciones en todo el territorio y en condiciones de ser productivas, es un bien público que debe ser compensado económicamente. No se prima la no producción, como se dice, sino el hecho de tener las explotaciones en buenas condiciones de producir (será luego el mercado el que le permita generar rentas por la venta de la producción). Para ser beneficiarios de esa ayuda se les exigirá unas modestas condiciones ambientales (el llamado "greening" obligatorio). ¿Acaso la rotación de cultivos, el barbecho o la puesta en valor productivo de las praderas, son medidas de tan elevada exigencia ambiental como para referirse a ellas con términos como "atraco ecologista"? Con esas exigencias lo único que pretende la Comisión es recuperar viejas prácticas de gran valor agronómico (pero hoy abandonadas) para que se haga una agricultura algo más sostenible y menos agresiva con el medio ambiente. Muchos agricultores saben que esas prácticas son buenas prácticas, y ya las realizan; ahora se les pagará por seguir haciéndolo, y a los que no lo hacían, se le incentivarán para que tengan sus explotaciones en condiciones adecuadas desde el punto de vista productivo y ambiental.
En cuarto lugar, la propuesta no es radical en términos sociales o políticos (como se han ocupado de decir algunos medios vinculados a la gran propiedad), sino bastante moderada; yo diría que demasiado moderada en lo que se refiere a la modulación y a la definición de "agricultor activo". ¿Es acaso radical establecer un tope máximo de las ayudas directas en 300.000 euros anuales por explotación (50 millones de las antiguas pesetas), y añadir, como hace el proyecto de reforma, que se podrá subir ese nivel teniendo en cuenta la generación de empleo? Seamos serios, por favor, y no hagamos demagogia. Si se fija, por ejemplo, la citada "tasa plana" en 200 euros por hectárea, un propietario de 1.500 has podrá recibir el máximo de ayuda, que verá incrementada si, como suele ser probable, tiene personal asalariado en su explotación. Respecto a la definición de "agricultor activo", creo que hay una extremada prudencia en el proyecto. Definirlo como aquel agricultor que obtiene de la agricultura al menos el 5% de su renta, es de una exagerada moderación, ya que, de llevarse a la práctica tal como está redactada la propuesta, apenas excluirá a nadie de los actuales beneficiarios (sean médicos, abogados o profesores de universidad, de profesión principal).
En quinto lugar, es un proyecto que plantea una reforma flexible, dejando suficiente margen de maniobra a los estados miembros para aplicarla atendiendo a las singularidades de sus países y regiones. De hecho, se contempla la posibilidad de que una parte de los pagos directos pueda continuar acoplada a la producción en determinados sectores, así como que se pueda conceder una ayuda complementaria a los agricultores cuyas explotaciones estén situadas en zonas con desventajas naturales.
Finalmente, respecto al segundo pilar (desarrollo rural), hay novedades importantes en el proyecto de reforma. La más importante es que la financiación de los programas de diversificación de actividades (equivalentes a los actuales programas Leader) se hará con fondos procedentes de otras políticas (cohesión, desarrollo regional, medio ambiente,…). Esto significa liberar a la PAC de la carga de financiar con sus propios fondos, como hasta ahora, la política de desarrollo territorial, lo que, de forma indirecta, supone un beneficio para los agricultores al no tener que detraerse recursos del primer pilar.
Estamos ante un proyecto de reforma equilibrado, imaginativo, moderado y flexible, que cambia, sin duda, el paradigma en el que se ha venido basando hasta ahora la PAC (política sectorial, derechos históricos,…), pero no para jubilarla, como han dicho algunos, sino para asegurar su continuidad en el próximo escenario financiero 2014-2020. Habrá PAC, pero no la que hemos tenido hasta ahora. La UE ha cambiado, y en consecuencia cambian sus políticas. Somos nosotros los que tenemos que definir estrategias adecuadas para moverse en el nuevo escenario de negociación. Hubiera sido mejor haber definido antes nuestra estrategia como país, evitando los lamentos de ahora. ( D. Eduardo Moyano Estrada. Ingeniero Agrónomo. Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados.)
