Después de unos dos años de paralización, la empresa promotora del que será el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil ha retomado las obras de terminación del inmueble. Urbanizaciones Siglo XXI es la responsable de esta actuación, salpicada de polémica desde un principio, si bien es otra firma -El Granadal- la que al parecer ha llegado a un acuerdo con la promotora para concluir las actuaciones. En principio, todo apunta que las obras pendientes en el nuevo acuartelamiento para el instituto armado en el polígono Las Flores podrá estar listo en un plazo de unos dos meses aproximadamente.
Una vez que concluyan los trabajos, la empresa deberá hacer entrega del mismo al Ayuntamiento de Puente Genil, que inició hace casi tres años el proceso de expropiación del inmueble, un expediente que no quedará cerrado definitivamente hasta que sea recepcionado. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior y el Consistorio pontanés firmarán el convenio por el que el actual cuartel de la calle Miguel Romero, en el centro de la ciudad, pasa a propiedad municipal a cambio del nuevo acuartelamiento de Las Flores.
El Ayuntamiento de Puente Genil declinó pronunciarse ayer sobre el reinicio de los trabajos de terminación del edificio hasta que "tengamos constancia oficial" de los planes de la empresa promotora. No obstante, las fuentes del equipo de gobierno de IU consultadas por El Día precisaron que son conocedores de que se está actuando en la zona y de que "nos sentimos moderadamente satisfechos" de que se pueda resolver este asunto.
Este asunto generó en su día una gran polvareda política, que acabó en los tribunales hace ahora un año aproximadamente cuando la Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento de la causa contra el alcalde de Puente Genil, Manuel Baena (IU), y nueve ediles de la Corporación de IU, PSOE, PP y PA del mandato municipal 2003- 2007 por el caso de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de la ciudad, ya que todos ellos formaban parte de la Comisión Municipal de Urbanismo y autorizaron las obras del edificio antes de que se regularizara la situación del suelo. Tras pasar por la fase de instrucción en el Juzgado número Uno de Puente Genil, cuya titular mantenía que los ediles podrían haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, el asunto llegó a la Audiencia Provincial, que es la que exculpó al regidor pontanés, Manuel Baena, y a cuatro ediles de IU, uno del PA, dos del PSOE y uno del PP. No obstante, la Audiencia mantuvo la acusación contra el empresario promotor de la actuación y un arquitecto de la Guardia Civil, acusado de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El caso parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, que en abril de 2005 concedió licencia de obras para un nuevo cuartel de la Guardia Civil cuando los terrenos aún eran rústicos en el polígono de Las Flores. Tras una investigación de la Policía Judicial, se imputó por este asunto a los concejales. Después, la Junta de Andalucía aprobó la regularización del suelo, con lo que se legalizó la actuación del cuartel.
Si la promotora termina ahora el cuartel, lo entrega al Ayuntamiento de Puente Genil y se firma el acuerdo con Interior, el proyecto se cerrará más de seis años después de su puesta en marcha, aunque las conversaciones se iniciaron mucho antes de esa fecha. ( El Día de Córdoba. Juan Ruz)
