El alcalde de Puente Genil, Manuel Baena, y los concejales acusados por el juez de un delito contra la ordenación del territorio han tardado en reaccionar y han emitido un comunicado que firman, además del regidor, Izquierda Unida, andalucistas y socialistas, desvinculándose de esta iniciativa el PP, grupo al que pertenece el acusado Francisco Velasco.Baena y los portavoces de los partidos firmantes destacan que "no hay ningún político municipal al que se haya adjudicado algún tipo de delito ligado a la corrupción", término este último que no aparece en el auto judicial del que ayer adelantó Diario CORDOBA su contenido.
Además, Baena y los portavoces municipales de IU, PSOE y PA, Alberto Gómez, Esteban Morales y José Luis Borrego, respectivamente, añaden que "el auto en cuestión omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil disponen actualmente de una calificación urbanística adecuada". Esta cuestión --la de suelo no urbanizable-- fue precisamente la que en dos ocasiones en el año 2005 señaló la arquitecta técnica municipal a la comisión local de Urbanismo; la recalificación fue posterior.
De otra parte, estas formaciones subrayan que "los políticos del Ayuntamiento de Puente Genil intentamos facilitar la instalación de un servicio público esencial para la localidad, mejorando la seguridad y la habitabilidad del establecimiento donde se tiene que ubicar la Guardia Civil". Continúa la nota señalando que "éramos conscientes que la aprobación inicial de esa modificación sería la aprobada finalmente y, de hecho, nunca hubo ningún obstáculo a la recalificación del solar en el que se asienta actualmente el nuevo cuartel de la Guardia Civil".
Por último, los firmantes anuncian que "la defensa va a presentar un auto de reforma respecto al de procesamiento, en la medida en que esta omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil están calificados de manera correcta como Sistema General Urbano, hecho que entendemos fundamental".
Como publicó CORDOBA, la permuta de los terrenos del cuartel de la Guardia Civil de y la construcción de una nueva instalación ha acabado en un proceso penal. Así, pesa una acusación sobre Manuel Baena, José Alberto Gómez (teniente de alcalde) y los concejales Francisco Esojo, Francisco José Barrios y Andrés Pérez Baena (PSOE); José Luis Borrego (PA); María Asunción Gallego, Juan Perales y José María Campos (IU), y Francisco Velasco (PP), por un delito contra la ordenación del territorio.
Al empresario Manuel Cosano se le acusa de este cargo y el de tráfico de influencias, mientras el arquitecto técnico Salvador Salmerón --al servicio de la Benemérita-- será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. El juez ha exculpado al general de la Guardia Civil José Píriz.
Cosano compró una parcela en Las Acacias que días después fue elegida por Salmerón --que según el juez se arrogó esa competencia-- como idónea para el nuevo cuartel, siendo aprobada poco después por la comisión municipal de Urbanismo.(Diario Córdoba)
