La permuta de los terrenos del cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil y la construcción de una nueva instalación ha acabado en un proceso penal. Desde ayer pesa una acusación contra el alcalde Manuel Baena, José Alberto Gómez (teniente de alcalde) y los concejales Francisco Esojo, Francisco José Barrios y Andrés Pérez Baena (PSOE); José Luis Borrego (PA); María Asunción Gallego, Juan Perales y José María Campos (IU), y Francisco Velasco (PP), por un delito contra la ordenación del territorio. Sobre el empresario Manuel Cosano pesa este cargo y el de tráfico de influencias, mientras el arquitecto técnico Salvador Salmerón será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. El juez exculpa al general del instituto armado José Píriz.El juez da por hecho que Cosano contactó con la Guardia Civil en el 2002 y se ofreció para construir un cuartel, estando presente Salmerón (al servicio de la Benemérita) en una reunión. El técnico comunicó a Baena el interés de una nueva instalación. El Ayuntamiento "estaba dispuesto a modificar el PGOU, si fuera preciso, de la zona elegida" por el instituto armado, según el juez instructor.
Se barajaron varias parcelas, recordando el magistrado que Salmerón "no tenía atribuidas competencias para elegir". En febrero del 2003 --aún no se había designado solar-- Cosano firma un acuerdo con Mercadona para instalar un supermercado en el antiguo cuartel; tampoco había acuerdo de permuta entre Ayuntamiento y Guardia Civil. "Existen indicios" de que el empresario tuvo información privilegiada sobre el terreno, comprando suelo en Las Acacias.
Velasco, por delegación de Baena, convoca a la comisión local de Urbanismo, donde se informa del lugar elegido, y todos votan a favor. La decisión se toma a pesar de que la arquitecta técnica municipal presenta un informe en contra. En abril del 2005 se hace constar que la concesión de licencia podría incurrir en ilegalidad. La Dirección General de Urbanismo informa desfavorablemente de la modificación del PGOU.
A la hora del cierre de esta edición, los políticos permanecían reunidos en el Ayuntamiento y no quisieron hacer declaraciones.
El juez procesa a Manuel Baena en base a que el 28 de abril del año 2005 se concede "la licencia de obras provisional para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el paraje conocido como Las Flores a sabiendas de que ese terreno era no urbanizable". En el auto figura que Manuel Cosano compró una parcela en esa zona por 245.213 euros el 15 de abril del 2004, y el 24 de marzo de ese mismo año Salmerón envía un fax al Ayuntamiento de Puente Genil en el que designa la parcela adquirida por el empresario como el lugar elegido para la construcción del cuartel. Respecto al general Píriz, el juez determina que la imputación se hizo a consecuencia de las manifestaciones vertidas por Salmerón el 14 de mayo del 2007. El técnico se retractó el 12 de diciembre del 2008. Ni del careo ni de la declaración como imputado del alto mando se desprenden indicios de criminalidad. Tampoco hay pruebas de que Píriz asumiese competencias específicas en la construcción de la instalación.
De otro lado, y en referencia a la comisión municipal de Urbanismo, en el texto judicial se detalla que "de las declaraciones de los imputados se desprende que todos ellos conocían que la zona donde iba a llevarse a cabo la construcción era una zona no urbanizable".(Diario Córdoba)
