Tras sobrevivir encaramados a los restos de la embarcación y permanecer 10 horas a la deriva en alta mar, el destino de la mayoría de los 15 inmigrantes rescatados frente a las costas de Málaga es una celda de la Comisaría Provincial. Aunque la actuación policial responde estrictamente al dictado de la ley, el ingreso de los supervivientes en calabozos ha provocado quejas de ONG y colectivos sociales, que tildan el trato de «inhumano» teniendo en cuenta que han perdido a familiares y amigos en el naufragio. Anoche, 35 de los 54 ocupantes de la patera seguían desaparecidos.
Las dos únicas mujeres entre los supervivientes se han librado por ahora de pasar por la comisaría. Ambas se encontraban ayer hospitalizadas y, una vez que reciban el alta, lo que previsiblemente ocurrirá hoy, serán trasladadas al Centro de Atención para Personas Inmigrantes y Refugiados que tiene la Cruz Roja en la localidad cordobesa de Puente Genil, según confirmó a este periódico Samuel Linares, portavoz de la institución, quien precisó que se les ha aplicado un criterio «humanitario», ya que ambas perdieron a sus bebés en el naufragio.
Linares aseguró que Cruz Roja ha pedido a la Subdelegación del Gobierno hacerse cargo también del resto de los supervivientes. «Allí recibirán atención integral por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales e intérpretes que le ayudarán a aprender el idioma. Tendrán libertad de movimiento para entrar y salir del centro», apuntó el portavoz. «Queremos dejar claro –matizó– que nuestra queja no es contra el tratamiento de los policías, que ha sido magnífico, sino porque creemos que un CIE no es un lugar acorde al trauma vivido y a su situación de extrema vulnerabilidad».
Los 13 varones, en cambio, siguen un camino muy diferente. De ellos, 10 permanecen en los calabozos de la comisaría –los otros tres seguían ayer hospitalizados– en calidad de detenidos. Allí les han leído sus derechos y han prestado declaración en presencia de un abogado. La presidenta de Málaga Acoge, Adela Jiménez, denunció que, después de la situación tan dramática como la que han vivido, «sean tratados como delincuentes siendo privados de libertad», y tachó de «nefasta» la política migratoria estatal y europea: «El Gobierno les niega la condición de víctimas». Luis Pernía, presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes en Málaga, calificó de «inhumano» llevarlos directamente a comisaría.(Extracto Diario Sur. Juan Cano. Alvaro Frias)
