La estabilidad que, con el adelanto electoral, esperaba Susana Díaz se ha trocado en un escenario de difícil gestión, para el que se precisan virtudes tales como flexibilidad, capacidad de diálogo y negociación, altura de miras y generosidad. Dada que las estrategias de los partidos políticos suelen diseñarse con la mirada puesta en el corto plazo, no es precisamente el momento actual el más propicio para que se den esas virtudes ante la inminencia de elecciones municipales y autonómicas y ante la perspectiva de unas elecciones generales a final del año en curso.
En esas circunstancias, más que estrategias, los partidos se guían por tácticas, midiendo las decisiones más por los efectos que pudieran tener en sus respectivos votantes de cara a las siguientes contiendas electorales, que por su incidencia en la necesaria gobernabilidad de Andalucía. De ahí, que estemos ante lo que la teoría de juegos denomina “dilema del prisionero”. Es una situación en la que ningún partido de los llamados a abstenerse para facilitar la investidura de Susana Díaz (sea PP, Podemos o Ciudadanos, al no contar IU en términos de aritmética parlamentaria) se atreve a mostrar realmente sus cartas si antes nos las enseña el adversario. Por eso, todo son amagos y declaraciones condicionadas o llenas de ambigüedad.
En ese contexto, llama la atención el inmovilismo del PSOE, que es quien debería tomar la iniciativa para atraer el apoyo de alguno de esos tres partidos, pero que, sin embargo, se atrinchera en su mayoría relativa esperando que sean los demás los que se muevan de sus posiciones iniciales de oposición y rechazo. No se le ha escuchado a los dirigentes socialistas ninguna propuesta que resulte lo suficientemente atractiva como para que los otros partidos tengan que pensarse dos veces no ayudar a la gobernabilidad. Hasta ahora sólo se les ha oído atribuir a los demás partidos la responsabilidad del fracaso si no se alcanzara el tan ansiado acuerdo y tuviéramos que vernos abocados a repetir las elecciones. Es una actitud cuanto menos poco recomendable para facilitar las negociaciones, además de una muestra de arrogancia que no conduce a acercar posiciones.
Porque la responsabilidad de haber llegado a esta compleja situación, es de la propia Susana Díaz, quien adelantó las elecciones acusando, sin argumentos convincentes, a su socio IU de ser una amenaza a la estabilidad política y con la esperanza de pillar desprevenidos y sin capacidad de reacción a los demás partidos. El resultado del adelanto electoral no ha sido el esperado por los socialistas, creando un escenario más complicado: el PSOE no alcanza la mayoría suficiente a la que aspiraba; IU (aliado natural del PSOE) queda fuera de juego para posibles alianzas; Podemos (un aliado cuando menos incómodo para los socialistas a la luz de su discurso y reivindicaciones) logra unos buenos resultados, en línea con lo previsto antes del adelanto electoral; irrumpe de forma inesperada Ciudadanos (un aliado incierto) como nueva fuerza política en Andalucía, y el PP se hunde, pero se mantiene como primer grupo de la oposición en el nuevo Parlamento.
En ese panorama, y ante las exigencias planteadas por Podemos y Ciudadanos (renuncia a sus escaños de los expresidentes Chaves y Griñán) que no parecen ser asumibles por el PSOE, sólo le queda a Susana Díaz confiar en que sea el juez instructor del Tribunal Supremo el que resuelva el problema (confirmando o no la imputación) o que sean los propios afectados los que lo hagan en un acto de responsabilidad política y de generosidad con su partido. Como no es probable que coincidan los tempos de la justicia y los plazos de la investidura, ni tampoco que los expresidentes renuncien a sus escaños, lo previsible es que Podemos y Ciudadanos se nieguen a abstenerse al valorar los efectos negativos que un apoyo (aunque pasivo) a la investidura de Susana Díaz pudiera tener en sus respectivos electorados de cara a las próximas citas electorales.
Sólo queda, por tanto, la opción de que el PP se abstenga, algo que, en principio, pudiera parecer poco probable a la vista de las malas relaciones entre los dos grandes partidos y las diferencias ideológicas que existen entre ellos. En mi opinión, la abstención del PP no es tan descabellada, ya que sería una posición coherente con lo que este partido viene diciendo desde hace tiempo respecto a que es necesario facilitar que gobierne la lista más votada. Obstruir ahora la investidura de Susana Díaz sería una clara incoherencia.
Sin embargo, exigirle al PSOE, como ha hecho el PP, un pacto escrito para que en todas las Comunidades Autónomas y ayuntamientos gobierne el partido mayoritario no es aceptable, ya que sería una reforma torticera de la actual legislación electoral y un atentado contra la libertad democrática de establecer alianzas entre los partidos políticos. No hay que olvidar que, según la legislación española, no gobierna el partido que obtiene más escaños, sino el que consigue formar mayorías sea en los parlamentos o en los ayuntamientos. Por eso, la exigencia inicial de los dirigentes del PP de un pacto escrito sobre este asunto, es una frivolidad que, afortunadamente, no han vuelto a plantear. Otra cosa distinta es que PP y PSOE lleguen al acuerdo bilateral de que, a cambio de la abstención en la investidura de Susana Díaz, los socialistas puedan hacer lo mismo en algunas capitales de provincia o municipios donde no obtengan resultados significativos y no les sea posible armar mayorías estables con los demás partidos. Por eso, y desde una perspectiva analítica, veo la opción de la abstención del PP como la más factible, ya que beneficiaría tanto a este partido como al PSOE, sin que tenga costes inasumibles para ninguno de ellos.
Para el PSOE, la abstención del PP le permitiría asegurar la investidura de Susana Díaz sin tener que pagar un alto precio político por ello a nivel andaluz (salvo el citado compromiso de abstenerse para que gobierne los populares en algunas ciudades). Y para el PP, la abstención le haría mostrarse ante la ciudadanía como un partido que contribuye a la gobernabilidad y que tiene intención de hacer una responsable labor de oposición en el Parlamento de Andalucía.
Además, no es inverosímil pensar que dicho acuerdo pudiera ser el primer peldaño hacia esa “gran coalición” a nivel nacional entre PSOE y PP de la que se habla en algunos círculos políticos y que tanto desean determinados círculos económicos, aunque genere también recelos entre amplios sectores socialistas y en no pocos grupos de ciudadanos.( Eduardo Moyano Estrada, Ingeniero Agrónomo (Universidad de Córdoba, España, 1978). Licenciado en Sociología (Universidad Complutense de Madrid, España, 1983)
