EL Parlamento Europeo ha elegido por una holgada mayoría de 422 votos (sobre 751 posibles) al luxemburgués Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión. Esos votos proceden de su propio grupo político (los conservadores del PPE, que ganaron las elecciones del 25-M), y de los grupos liberal, verde y socialdemócrata.
En su discurso de investidura (titulado "Un nuevo comienzo para Europa: mi agenda para el empleo, el crecimiento, la equidad y el cambio democrático"), Juncker ha estado firme y hasta atrevido, apostando por una "Europa que pase al ataque". Necesitaba esa actitud de firmeza y osadía para ganarse la credibilidad que muchos le negaban por su polémico pasado como primer ministro de un país como Luxemburgo convertido en paraíso fiscal, y por su no menos polémico paso por la presidencia del Eurogrupo en la peor etapa de recortes y ajustes presupuestarios en la crisis del euro.
En su intervención ante los eurodiputados, Juncker ha procurado contentar a todos los grupos que lo han apoyado: a los socialistas, proponiendo un salario mínimo europeo, un plan de estímulos para reactivar la economía y mayor flexibilidad en el cumplimiento de las reglas fiscales; a los conservadores, comprometiéndose con ellos a continuar impulsando las reformas estructurales; a los verdes, apoyando las energías limpias; a los liberales, abogando por una mayor integración financiera y por el desarrollo de un mercado único de capitales….
No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto Juncker está en condiciones de cumplir tales compromisos dentro del complejo equilibrio de poderes que es la UE. La Comisión Europea que presidirá el político luxemburgués no es un verdadero poder ejecutivo con facultades para llevar a cabo la dirección de la política europea, sino que sus competencias son limitadas.
La Comisión Europea tiene, en efecto, un limitado (y acotado) espacio de poder en el sistema institucional de la UE. Su competencia es de "iniciativa" en asuntos que afectan al conjunto de la UE, y de "ejecución" de los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo. Pero la Comisión no dirige la política europea, sino que ejecuta lo que acuerdan los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros del ramo en el Consejo. Los responsables de la política europea son los representantes de los gobiernos nacionales, y la Comisión se ha de limitar a ejecutar lo acordado por ellos.
Por eso, cuando Juncker dice comprometerse a todas las propuestas que ha incluido en su discurso ante el Parlamento Europeo, lo único que está diciendo es que se compromete a plantearlas al Consejo, pero que serán los responsables políticos de los estados miembros (EEMM) los que decidan aprobarlas o no. Tanto la propuesta de reactivación de la economía, como la de los estímulos fiscales, la tasa Tobin o el salario mínimo, no dependerán de la voluntad de Juncker, sino de las decisiones adoptadas por los gobiernos nacionales.
Además, la capacidad de iniciativa de la Comisión en temas relacionados con la zona euro es aún más limitada, por no decir nula, ya que este ámbito de la política europea no afecta al conjunto de los EEMM. Sólo 17 estados forman parte de la UEM (euro), y todo lo que tenga que ver con las políticas de austeridad, con el control del déficit, con la supervisión bancaria,… corresponde al Eurogrupo, teniendo poco que decir la Comisión en ello. De hecho, una de las razones esgrimidas por los socialistas españoles para no apoyar a Juncker es la de que el político luxemburgués fue el artífice de las políticas austericidas cuando fue presidente del Eurogrupo.
En resumen, la UE funciona a dos velocidades, y la Comisión Europea tiene competencias de iniciativa y de ejecución en asuntos que afectan a las políticas comunes (como la agraria y la pesquera) y en aquellos otros temas en los que los gobiernos de los EEMM deciden coordinar sus respectivas políticas nacionales. Ése y sólo ése es el ámbito competencial de la Comisión, y en función de ello cabe situar lo que realmente puede esperarse de este órgano europeo.
Evidentemente, una Comisión Europea presidida por un político con sobrada experiencia como Juncker y con un buen conocimiento de los procesos de negociación que se desarrollan en Bruselas, es un buen punto de partida. Pero para que la nueva Comisión sea un elemento de dinamización de la vida política europea, tiene que ser capaz de dos cosas: primero, rodearse de un buen Colegio de Comisarios, que permita a la Comisión ganar credibilidad ante el Consejo mediante un ejercicio eficaz de sus competencias de iniciativa, propuesta y ejecución; y segundo, establecer una buena entente con el presidente del Parlamento (el socialista Martin Schulz, con el que compitió en las pasadas elecciones), dado el creciente protagonismo de la eurocámara en el sistema institucional de la Unión.
Ello contribuiría a introducir en las instancias comunitarias una dinámica de cambio y reactivación, que tanto necesita la UE en estos momentos. Recordemos el relevante papel que desempeñó la Comisión Europea cuando la presidió Delors, pero también la presencia tan anodina que tuvo la de Santer y la irrelevancia de la presidida por Durao Barroso.
La Comisión Europea es una institución importante en el entramado de la UE, y sus funciones son igualmente relevantes en las políticas comunes. Pero más allá de eso (que no es poco), no cabe esperar de la Comisión Europea un protagonismo significativo en asuntos relacionados con el euro, pues, como he señalado, ése no es su área competencial.(Málaga Hoy. Eduardo Moyano Estada)
