La sesión plenaria de la Corporación Municipal celebrada el pasado lunes 21 de marzo se convirtió en un monográfico que analizó las repercusiones derivadas del escándalo de los ERE’s, y que sirvió para que los portavoces de los distintos partidos con representación municipal se posicionaran abiertamente en contra de los casos de corrupción política en nuestro país.
El debate surgió a partir de la intervención del portavoz del PP, Antonio Pineda, que defendió una moción en la que, por un lado, se instaba al Parlamento andaluz a la apertura urgente de una comisión de investigación sobre la presunta existencia de ayudas públicas concedidas a empresas en crisis, gestionadas al margen de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta; y por otro, se solicitaba a la Cámara de Cuentas de Andalucía a auditar “esta oscura trama de presunto uso indebido del dinero público”.
En su argumentación, el secretario local del PP, justificó la necesidad de plantear este tipo de iniciativas en Puente Genil “porque los representantes políticos de los municipios tenemos que pedirle transparencia a la Junta, ya que no puede ser que el dinero de todos vaya a una serie de personas privilegiadas y muy concretas del PSOE”.
Las palabras de Pineda tuvieron réplica en el portavoz del PA, José Luis Borrego, que optó por la abstención calificando la moción de “inoportuna”, ya que a su juicio “no va a servir de nada que nosotros avivemos una llama, la de la corrupción, que parece que sólo interesa a los partidos de corte centralista”.
Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Esteban Morales, anunció el voto negativo de su grupo a la moción y criticó la actitud del candidato de los populares a la Alcaldía señalando que “el PP no puede ser ejemplo de limpieza ante la corrupción, ya que primero debería dar explicaciones sobre los casos que salpican a sus cargos públicos, y, si no lo hiciera, estaría careciendo de legitimidad para traer al Pleno este tipo de mociones, que van contra todos los andaluces”. Morales también defendió la actuación de la Junta en un caso que tildó de “desafortunado” e “inaceptable”, y advirtió que resulta completamente injusto que se criminalice a todas las personas de un partido por este tipo de hechos”.
Por su parte, tanto el portavoz municipal de IU, Alberto Gómez, como el alcalde, Manuel Baena, indicaron que el caso de los ERE’s tiene suficiente gravedad, ya que evidencia el escaso control del dinero público utilizado con arbitrariedad para atraer voluntades, algo que ha dado lugar al clientelismo, un vicio que gangrena la convivencia democrática”.
“Es difícil que nos alineemos con el PP, por los puntos negros de corrupción que tiene por toda la geografía nacional, pero en este caso resulta lógico que se pida una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, ya que este es el instrumento adecuado para ayudar a erradicar las prácticas derivadas de una mala política”, argumentó Alberto Gómez. ( Andaluciainformación. José Manuel Cabezas)
