La Audiencia Provincial ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el alcalde de Puente Genil, Manuel Baena (IU), y nueve ediles de la Corporación de IU, PSOE, PP y PA del mandato municipal 2003-2007 por el caso de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de la ciudad, ya que todos ellos formaban parte de la Comisión Municipal de Urbanismo y autorizaron las obras del edificio antes de que se regularizara la situación del suelo. Fuentes próximas al caso han señalado a El Día que, tras pasar por la fase de instrucción en el Juzgado número Uno de Puente Genil, cuya titular mantenía que los ediles podrían haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, el asunto llegó a la Audiencia Provincial, que es la que ahora exculpa al regidor pontanés, Manuel Baena, y a los concejales Alberto Gómez (IU), José María Campos (IU), José Luis Borrego (PA), Francisco Esojo (PSOE), Andrés Pérez (PSOE), José Barrios (PSOE), Francisco Velasco (PP), Asunción Gallego (IU) y Juan Perales (IU).No obstante, las mismas fuentes han señalado que la Audiencia mantiene la acusación contra el empresario promotor de la actuación, al que el Juzgado de Instrucción atribuía un delito de tráfico de influencias, y un arquitecto de la Guardia Civil, acusado de negociaciones prohibidas a los funcionarios. De momento, los concejales imputados en este caso y que aún mantienen responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Puente Genil han preferido no hacer manifestaciones sobre el asunto hasta tener en su poder el auto de la Audiencia Provincial. Para hoy está prevista una comparecencia de Manuel Baena en la que, presumiblemente, ofrecerá su opinión sobre el auto judicial. El caso parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, que en abril de 2005 concedió licencia de obras para un nuevo cuartel de la Guardia Civil cuando los terrenos aún eran rústicos en el polígono de Las Flores. Tras una investigación de la Policía Judicial, se imputó por este asunto alcalde de la ciudad, Manuel Baena (IU) y a los entonces concejales. La titular del Juzgado de Instrucción número Uno de Puente Genil que se hizo cargo de la actuación emitió un auto el pasado 4 de noviembre de 2009, en el que mantenía la acusación contra el alcalde de Puente Genil y los nueve munícipes. Sin embargo, éstos decidieron recurrir, con el argumento de que en al auto del 4 de noviembre no se especifica en ninguno de los apartados que los terrenos en los que actualmente se levanta el nuevo cuartel son ya legales tras una modificación que fue aprobada por la Junta.
Además, uno de los recursos va más allá y señala que la omisión de que los suelos del acuartelamiento ya están regularizados "resulta de especial gravedad" e insiste en que los miembros de la Comisión de Urbanismo de Puente Genil actuaron "en la creencia, justificada a posteriori, de que la modificación del PGOU permitiría la construcción legalizada de la edificación". La defensa de los concejales asegura además sobre el auto recurrido que "debe dejarse sin efecto lo acordado en el mismo, reformándolo y decretando el archivo de las actuaciones" al considerar que los hechos no son constitutivo de delito alguno. Igualmente, el recurso deja claro que el derecho penal "está reservado para corregir las transgresiones graves que merezcan un reproche de esta naturaleza, no pudiendo conceptuarse como delictivo cualquier irregularidad que pueda ser corregida suficientemente en otras jurisdicciones, como la contencioso-administrativo o la laboral".(El Día de Córdoba)
