El período de prórroga de la privatización del agua durante los próximos cinco años empezó a finales de 2016 sin inauguraciones, ni cortes de cinta ni fotografías del equipo de gobierno socialista, que no suele perder ocasión.
No es de extrañar que prefieran no sacar pecho de la gestión política de una situación que va a suponer subidas sistemáticas en la factura del agua a toda la ciudadanía durante al menos los próximos cinco años. La excusa para alargar la privatización, la de siempre en estos casos: la falta de recursos para acometer las inversiones necesarias; a saber, el célebre depósito del Polígono San Pancracio que tan gratis nos iba a salir y tan caro va a resultarnos.
Y al más puro estilo PP, este PSOE de Puente Genil se escudó en aquello de la herencia recibida y la catastrófica situación de las arcas municipales - que no sería tan catastrófica cuando en dos ejercicios estaba encaminada, a diferencia de la mayoría de localidades de nuestro entorno- para no buscar alternativas y desechar la oportunidad de recuperar para lo público la gestión del ciclo integral del agua. Y como la prioridad para el PSOE en aquel momento era el recinto ferial, más visible, más popular y más electoralista que el depósito, aquella fue su apuesta y allí fue el dinero.
Conviene recordar que desde primer momento AQUALIA incumplió el contrato por el que se aseguró la prórroga, no comenzando a tiempo la construcción del depósito, que se inauguró -ahí sí que hubo fotos- un año después de lo debido, y lo más grave, que no acabó con los problemas de abastecimiento que lo hacían tan necesario. Apenas dos semanas después de su puesta en marcha, en La Mina y Las Palomas siguieron padeciendo el casi tradicional corte de suministro que se alargó otras dos semanas, problema que se subsanó con una inversión municipal tras haber intentado la empresa, con mala fe, sacar tajada millonaria a cuenta de la solución poco tiempo antes.
Sin embargo, no ha habido sanción por ninguno de estos incumplimientos de plazos en la ejecución de la obra y calidad de servicio, que son constantes, a excepción de la reciente sanción a Aqualia por el corte de suministro en Cañada de la Plata, que obligó al Equipo de Gobierno a cubrir expediente y disimular tomar cartas en el asunto. Más tarde, a propuesta del Alcalde, PP y PSOE paralizaron el cobro de esta sanción ante el recurso de Aqualia, una ventaja a la empresa contra la cual hemos votado desde IU.
Nos preguntábamos desde Izquierda Unida por qué en Cañada de la Plata sí había razones para multar a Aqualia y no las había en La Mina, existiendo la misma falta de diligencia en el origen del problema, ni en el incumplimiento de la limpieza de alcantarillado, ni en la falta de presión de agua que afecta a ciertos barrios con mucha frecuencia.
Recuperar la gestión del agua no ha sido una prioridad para el PSOE, que nos tiene acostumbrados a poner en manos privadas competencias municipales para no asumir responsabilidades. A diferencia de otros municipios que han conseguido bajar el recibo del agua al tiempo que los beneficios se invierten en mejoras del servicio, aquí una multinacional nos sube la tarifa del agua año tras año, asegurándose beneficios sin rendir cuentas por sus incumplimientos. Tener un contrato público con un Ayuntamiento del PSOE de Puente Genil es todo un chollo.
