Escuelas Católicas de Córdoba, organización que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la provincia, organizó el miércoles 25 una asamblea preparatoria de una serie de movilizaciones de profesores, personal de administración y servicio, padres, alumnos y antiguos alumnos «como protesta por la intención de la Consejería de Educación de la Junta, con el consentimiento y apoyo de la Delegación Territorial provincial, de cerrar unidades concertadas».
El pontanés Antonio Manuel Guerra, presidente de la organización provincial, declaró que «toda la concertada se siente dolida por el trato discriminatorio que continuamente viene sufriendo por parte de la Administración educativa» y advirtió que, «de llevarse a cabo dicha amenaza, toda la comunidad educativa saldrá a la calle para manifestarse, para que la sociedad cordobesa conozca nuestras legítimas demandas». Guerra destacó que «no defendemos un privilegio sino un derecho como es el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española, que reconoce el derecho de los padres a elegir aquel centro que consideren más adecuado, fundamentalmente debido a su ideario y calidad educativa, para la formación y educación de sus hijos».
Según los directores de los colegios, «las manifestaciones no son un ataque contra los profesionales de los centros públicos, a los que se respeta y valora por su labor, muchas veces en situaciones difíciles, sino que va contra la presidenta de la Junta y la consejera de Educación». Según indican en un comunicado, «los datos demoledores del informe PISA no se pueden afrontar cerrando unidades con demanda». La asamblea aprobó por unanimidad la adopción de medidas para la defensa de la renovación de todas las unidades concertadas.
Escuelas Católicas cuenta en la provincia con 42 colegios, unos 22.000 alumnos y más de 1.500 profesionales. La concertada supone un 19% de la enseñanza en la comunidad.(Diario Córdoba.A.R.A. Foto M.Murillo)
