197 jornaleros condenados a devolver su paro agrario y la amenaza de la cárcel pesando sobre sus espaldas. Está ocurriendo en pleno siglo XXI en la Sierra Sur de Sevilla, donde la empresa cordobesa Baena Franco, con sede en Puente Genil, ha llevado a esos dos centenares de trabajadores del campo al borde de la ruina por el impago de casi 75.000 euros de los seguros sociales correspondientes a las peonadas realizadas entre el año 2012 y 2013 en el cortijo cordobés de Sotogordo.
Al no haber ingresado la cotización de los 197 trabajadores, los afectados se podrían enfrentar a condenas de entre seis meses y tres años de cárcel. “Como la empresa no se hizo cargo de la deuda -denuncian- ahora quieren que la paguemos nosotros acusándonos de connivencia con el empresario”.
Los afectados trabajaron como jornaleros para Baena Franco, en el marco de las tareas relacionadas con el Programa de Fomento de Empleo Agrario y Rural (Pfoea), el antiguo PER (Plan de Empleo Rural).
“Los trabajadores cobraban, pero aseguran que desconocían absolutamente que el empresario no pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social, que eran las que les daban a los jornaleros derecho a percibir las prestaciones por desempleo que ahora les reclama el Estado al entender que las cobraron indebidamente.
CÁRCEL DE SEIS MESES A TRES AÑOS
Ante el impago de Baena Franco, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Córdoba ha denunciado el caso de estos trabajadores por la vía penal. David Pérez, secretario del Sindicato de Comisiones de Base (COBAS) de Andalucía, denuncia a andalucesdiario.es que “la Administración, con el beneplácito de los gobiernos central y andaluz, han decidido que la devolución de las prestaciones y las sanciones impuestas por el SEPE no eran suficiente castigo para los jornaleros, de ahí que hayan optado por aplicarles el artículo 307 del Código Penal”. A través de esta vía, los 197 jornaleros afectados podrían pasar entre 6 meses y 3 años de cárcel, además de devolver casi seis veces la cantidad supuestamente “defraudada”.
Pérez apunta que el perfil de los trabajadores afecta a todas las edades. Hay mujeres menores de 30 u hombres mayores de 50, pero las que más sufren el problema son las mujeres mayores de 55 años, de las que existe un amplio grupo de afectadas. Loli Moreno es unas de ellas. Tiene 58 años y más de 33 cotizados en el campo. “¿Quién nos iba a decir que aquella campaña nos iba a costar tan cara?”, recuerda Loli con angustia y dolor. Los 4.400 euros cobrados por el paro agrario en el año 2014 ha tenido que devolverlos, euro a euro al Estado. “Actualmente me encuentro cobrando el paro del campo porque he tenido la suerte de haber seguido trabajando después de aquella campaña en Puente Genil”. La carta, recibida en su domicilio de Osuna, la dejó sin aliento durante días. “Mi marido cobra 426 euros, al igual que yo y los de Empleo nos decían que teníamos que devolver más 4.000 euros inmediatamente”, alega. Loli ha logrado llegar a un acuerdo con el SEPE y devuelve cada mes 96 euros de su paga.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha optado por la vía penal al interpretar que hubo una “supuesta” connivencia entre los jornaleros y la empresa Baena Franco. Al igual que Loli, el resto de los afectados han recibido la notificación de devolución del paro recibido, junto a “sanciones de entre 2.500 y 3.000 euros”.
Sin hipoteca, pero aún con un hijo a su cargo de 26 años en paro, Loli saca adelante a los suyos como puede. “Yo tengo diagnosticada fibromialgia, pero no tengo derecho a acceder a la jubilación hasta el año 2022”. Moreno no sabe si podrá soportar la dureza del trabajo en el campo mucho más tiempo. “Estar agachado a pleno sol durante largas y largas horas es una tarea que ya resulta imposible a las mujeres de mi edad”. El problema ahora es pagar el sello mensual de la cartilla agraria, de la que si se da de baja no tendrá derecho a cobro: “No me he dado nunca de baja del paro agrario y cumplo siempre mis peonadas, pero yo no sé que va a pasar el día que no pueda, y más como está ahora la situación del campo en Andalucía”.
REIVINDICACIONES A SUSANA DÍAZ
Los afectados ya van sumando casi el centenar de avisos. “Ya muchos hemos recibido la carta pero el Estado va poco a poco mandando las notificaciones”, apunta Loli. La reciente marcha llevada a cabo en los pueblos Osuna, Los Rosales, Carmona y Tocina ha llevado las reivindicaciones de estos 197 trabajadores del campo hasta la presidenta de la Junta, Susana Díaz. “Las mujeres del caso Baena Franco queremos decirle a la cara que cómo puede permitir esta situación, que mujeres enfermas de los huesos tengan que trabajar hasta los 65 años con el sistema de Renta Agraria antigua para tener una miseria de jubilación”.
Loli no quiere poner sola su foto en el artículo. “Las de Baena Franco somos todas. No es solo mi historia”. El propietario de la empresa agrícola Manuel Baena Franco, ha obviado, hasta el momento cualquier responsabilidad en el proceso. “Las tierras las ha puesto a nombre de su hijo” y los trabajadores no logran dar con su paradero, asegura Loli. Solo esperan que el Estado desista de ir en contra de los más débiles: los jornaleros de una tierra con un 40 por ciento de media de paro.(Andalucesdiario. María Serrano)
