La decisión del alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), de respetar el principio de presunción de inocencia y no apartar de su cargo al inspector-jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez -quien el próximo mes de mayo tendrá que declarar en la Audiencia Provincial, en calidad de acusado, en un juicio por delitos contra la libertad sexual en la que está involucrada una menor-, ha generado reacciones entre los dos partidos de la oposición municipal PP e IU, que a través de sendas notas de prensa valoraron ayer la polémica suscitada por estos hechos.
Así, desde las filas del PP, "y dejando a salvo el derecho a la presunción de inocencia del que goza cualquier ciudadano", se da por hecho que el alcalde, una vez que tuvo conocimiento de la situación, "ha puesto en marcha todos los mecanismos administrativos que le asisten, empezando por la incoación de un expediente informativo previo a cualquier otra medida a que hubiera lugar". Para los populares, dicho expediente informativo es "la mínima expresión de diligencias para calibrar bien la dimensión del asunto y sus posibles consecuencias, siempre desde el punto de vista administrativo, sin perjuicio de que dicho expediente se haya visto suspendido a la espera del resultado del proceso judicial penal que por estos mismos hechos se encuentra abierto".
Más contundente fue la respuesta de IU, formación política que abiertamente declaró no compartir la decisión del equipo de gobierno de mantener en su cargo a Humánez hasta la celebración del juicio. "Hemos mantenido una reunión personal con el inspector-jefe en la que le hemos trasladado nuestro parecer y le hemos instado a que considere abandonar provisionalmente su cargo hasta que se dicte sentencia", indicó la formación en la citada nota. Para la coalición de izquierdas, esta decisión "sería lo mejor para la tranquilidad de la ciudadanía y la imagen del Cuerpo de la Policía Local de Puente Genil; y no comprometería la presunción de inocencia que garantiza el Estado de Derecho".
IU concluye su nota de prensa afirmando que "hemos comunicado este parecer al alcalde en reunión personal, además de trasladarle que nos hubiera gustado que nos hubiera informado antes de primera mano sobre el asunto y la decisión al respecto como grupo de la corporación local, y no enterarnos por la prensa".
En el juicio se sentarán en el banquillo diez personas, todas por el mismo delito y para quienes el fiscal pide la misma condena: dos años de prisión para diez procesados de pagarle a una joven de 17 años para mantener relaciones. Los hechos se produjeron entre finales de diciembre de 2010 y mediados de 2011. (El Día de Córdoba. José Manuel Cabezas)
