En junio de 2007, el entonces subdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, presentaba a bombo y platillo la bautizada como operación “Cisterna”. La Guardia Civil detuvo a 18 personas —un español y el resto, italianos— acusados de la oleada de robos de aceite que se registraron en diversas provincias españolas. Se habló entonces de cerca de un millón y medio de kilos sustraídos, valorados en más de cinco millones de euros.
Siete años después, la “Cisterna” se ha “vaciado”. De los dieciocho arrestados que hubo entonces, solo uno se sentará en el banquillo. La Justicia solo ha podido presentar cargos contra un ciudadano italiano, identificado como C. A. y asentado en España desde hace años. No está acusado, precisamente, de perpetrar los robos, sino por delitos de falsedad y receptación. Según siempre la Fiscalía, este empresario utilizó dos de sus empresas —con sede en Baeza— para dar cobertura legal a la mercancía sustraída. Es decir, para guardar el aceite robado en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero de Espeluy, Martos y Atarfe y utilizar documentos falsos para justificar su almacenamiento y posterior transporte. Por ello, el Ministerio Público pide para él una condena total de cinco años de cárcel, multas por valor de 132.000 euros, la inhabilitación para comerciar con aceite durante cuatros años y que indemnice a las cooperativas y almazaras con el valor de lo robado.
El escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Diario JAÉN, atribuye a C. A. este “modus operandi” en siete robos, perpetrados entre el 14 de abril de 2005 y el 7 de abril de 2006. Los asaltos se cometieron en Baeza, Torreblascopedro, Villanueva de la Reina, Humilladero (Málaga), Cuevas del Campo (Granada), Noguerones y Puente Genil (Córdoba) y la cantidad de mercancía sustraída asciende a casi 650.000 kilos.
El Ministerio Público explica que el acusado almacenó, a nombre de dos empresas de las que era el administrador único, diversas partidas de aceite previamente sustraídas “por personas desconocidas” en distintas almazaras o fábricas de aceite. El fiscal añade que C. A. las adquiría para poder ponerlo en el mercado ya totalmente “limpio”, gracias a que, presuntamente, confeccionó facturas por operaciones de compraventa que jamás se habían realizado.
De este modo, ya está cada vez más cerca el juicio del que fue el principal problema de orden público en esos años. Fue un tiempo en el que la psicosis se apoderó del sector porque había sensación de total impunidad. En menos de lustro (entre 2002 y 2006) se llegaron a contabilizar casi una veintena de asaltos, cometidos por diferentes provincias y siempre con el mismo “modus operandi”. Los ladrones llegaban de noche —preferiblemente en fin de semana y vísperas de fiesta—, hacían un butrón para enchufar las mangueras a los depósitos, cargaban los camiones cisterna y se esfumaban.
La Guardia Civil tuvo claro, desde el principio, que se trataba de un grupo organizado. Cuando se presentó la operación “Cisterna”, López Garzón habló que la banda tenía todo tipo de especialistas. Contaban con una avanzadilla que inspeccionaba los objetivos y usaban inhibidores de frecuencia para evitar las alarmas. Otros hacían los agujeros en las fábricas de aceite para sacar las mangueras desde los depósitos y llenar las cisternas. El tercer eslabón de la cadena era la trama societaria, es decir, cómo eran capaces de “legalizar” la mercancía. Y es aquí donde, presuntamente, entra en juego C. A. y sus empresas comercializadoras. Es el único contra el que la Fiscalía tiene indicios de la comisión de delitos de receptación y falsedad. Y es que, con lo que había en el proceso judicial, fue imposible presentar cargos contra ninguno de los otros 17 imputados en la operación “Cisterna” —casi todos eran transportistas y camioneros transalpinos—. Tal y como está actualmente la causa, no se podrá aclarar quién cometió los robos y cómo lo hizo.(Diario Jaen.RAFAEL ABOLAFIA)
