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lunes, 21 de julio de 2014

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL ASESINATO DE CASTA CARRILLO

"Lo que hubo de hacerse entonces no se hizo y ahora es difícil que se encuentre a quien mató a mi hija". Cipriano Carrillo, padre de Casta, la joven que murió asesinada en Puente Genil hace ahora 19 años, es consciente de que ha arrancado la cuenta atrás para la prescripción de este crimen por el que nadie ha sido procesado y, añade, "no sabemos ya qué hacer". Casta Carrillo, de 31 años, salió el 15 de julio de 1995 a pasear en bicicleta por el camino de Montalbán, a un par de kilómetros del casco urbano. No volvió casa y ese mismo día su familia y allegados comenzaron la búsqueda. El 27 de julio, dos agricultores encontraban el cadáver en un olivar alejado del sitio donde fue vista por última vez. Presentaba signos de violencia -desnuda, con arañazos en la espalda y sangre en la cabeza-, haciéndose cargo de la investigación la Guardia Civil. Del escenario del crimen se sacó poco en claro y los agentes comenzaron a interrogar a vecinos y amigos. Nadie había visto nada. Puente Genil se echó a la calle para reclamar justicia y más de 8.000 pontanos acompañaron a la familia en el sepelio. La investigación no avanzaba y para colmo un individuo llamó a la Policía local y facilitó la identidad de un posible implicado, aportando un nombre de pila y un apodo. Tres personas respondían a esa identidad, pero esa pista se abandonó tras revisar varias veces el censo.

A finales de aquel año se produjo una detención, un varón de unos 40 años que fue puesto en libertad por falta de pruebas. El tiempo pasaba y no había resultados. Habría que esperar al año 2003 para que se abriera una nueva línea de investigación. Ante la insistencia de la familia, el servicio de Genética Forense de la Universidad de Santiago analizó una muestra de cabello y sangre hallados en el cuerpo de la joven y encontró ADN de un varón; una prueba posterior determinaría que fueron dos los hombres que dejaron su rastro genético. En julio de ese año se toma declaración a un sospechoso, pero su ADN no coincide con el encontrado.

Tres años más tarde, el juzgado encuentra un testigo. Aseguró que el día de los hechos un grupo de amigos de Lucena se desplazó a Ecija a comprar droga y cuando regresaban abordaron a Casta en el canal de riego y la forzaron a subir al vehículo. Añadió que los jóvenes agredieron a la chica hasta matarla y después trasladaron el cuerpo al lugar donde fue hallado.

Sin embargo, la investigación volvió a estancarse y el juzgado archivó la causa a principios del 2008. Entonces recurrieron a la Audiencia, que en agosto de ese año dio la razón al magistrado a la vista de que "el testimonio que señalaba a un grupo de personas, del que solo se conocía una identidad, era de poca consistencia y que la investigación ha llegado a un punto muerto donde lo más aconsejable era archivar el caso".

La última reunión que mantuvo Cipriano Carrillo y su abogado con la Guardia Civil se produjo en noviembre del año pasado, pero "no se aclaró nada". El padre de la joven cree que la investigación "empezó mal ya en el escenario del crimen", lo que le lleva a "no tener esperanza". La única luz que ve es la hipótesis de los lucentinos, aunque no dio más de sí y reconoce que "todo es muy débil". Camionero ya retirado, Cipriano se implicó en tratar de recabar cualquier pista que diera con los asesinos de su hija, pero "no he tenido fuerzas para averiguar nada más".

A lo largo de estos años han surgido "historias", como la de los Monjes Hermanos de la Resurrección que administraban un cementerio en Santaella. Un testigo aseguró que los religiosos habían sorprendido a alguien intentando enterrar un cuerpo, tesis que no se pudo comprobar. También dio tiempo a barajar la idea de la implicación de Tony King, el británico que asesinó a Rocío Wannicoff, pero se descartó.

La ley establece la prescripción a los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea de prisión de quince o más años, que sería este caso, al tratarse de un asesinato u homicidio. Los expedientes por estos delitos no permanecen abiertos durante esos 20 años, sino que se archivan mientras no se encuentren nuevas pruebas. Este proceso se detuvo en el caso de Soledad Donoso, fallecida en 1992, al aportar su familia una serie de argumentos probatorios poco antes de cumplirse el plazo, que llevaron a la imputación de un sospechoso.(Diario Córdoba.D.N.R.)