En días pasados se celebraba en el patio del Hotel Santo Domingo de Lucena un charla coloquio en defensa del Decreto Social de la Vivienda que la Consejería que dirige Elena Cortés aprobó el pasado 12 de abril. En ella intervenían Manuel Baena ex alcalde de Puente Genil, Diputado Andaluz de IULVCA por Córdoba y Miguel Villa, Primer Teniente de Alcalde de Lucena.
En el debate, al que asistió una veintena de personas, se habló sobre las condiciones en las que se elaboró ese decreto, el interés que ha tomado Izquierda Unida en el asunto por tratarse de un compromiso electoral y cómo y de qué manera ha afectado la voluntad de la Junta de Andalucía en luchar contra la lacra social que suponen los desahucios. Como punto álgido también se trataron las consecuencias que tendrá la paralización momentánea de la norma por la interposición del recurso del Gobierno Central que el Tribunal Constitucional aceptó el pasado 12 de julio. Esta suspensión de cinco meses servirá para que los gobiernos de Mariano Rajoy y José Antonio Griñán y Diego Valderas respectivamente presenten alegaciones a la autorización de la expropiación temporal de inmuebles a las entidades financieras.
Para Manuel Baena, el recurso del PP responde a una insumisión a los intereses de la gran banca a los que es normal que no les guste el decreto, aunque aún les gusta menos a las familias que deben soportar un desahucio. Continuaba explicando el diputado que la decisión popular no es por imposición europea ya que no pueden demostrar oficialmente la declaración por parte de la CE de que sea "peligroso" como han declarado en alguna ocasión. Es más, podrían argumentar todo lo contrario ya que la Comunidad Europea se pronunció sobre la la ley hipotecaria española exponiendo que permitía la existencia de cláusulas abusivas y que las entidades podían lucrarse del desconocimiento de los que suscribían créditos como resolución judicial motivada.
Confía Baena que este "parón" sea momentáneo y que el Tribunal Constitucional levante las medidas cautelares aunque deja en el aire la posibilidad de que no sea así al estar politizado este Alto Órgano con un presidente (refiriéndose a Francisco Pérez de los Cobos) que ha pagado donaciones y ha sido militante del PP. En este sentido Baena también hacía referencia al presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que sustituyó a Luis Bárcenas al frente de la Tesorería del PP y que fue el primero que "alertó" sobre esa inconstitucionalidad del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. También nombró las posiciones a favor del Decreto, como han sido las voces desde el Consejo del Poder Judicial o la Asamblea de Jueces por la Democracia celebrada ayer mismo en Córdoba.
Tanto Manuel Baena como Miguel Villa coincidían en explicar que el Alto Tribunal debía dirimir sobre si el bien jurídico que se protege es mayor con la cautela o sin la cautela, igual que ocurre con las expropiaciones de las autovías, donde suele existir un conflicto entre un interés privado y un interés general de mayor poder por el que se realizaban este tipo de ejecuciones.
El diputado cordobés explicaba que la Junta de Andalucía, a partir de la presentación del recurso, ahora se dedicará a informar y a aleccionar a la ciudadanía a que "la calle siga funcionando". Sobre esto, Miguel Villa explicaba que los grupos como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son movimientos sin los cuales posiblemente los políticos no hubieran tomado impulso para realizar este tipo de actuaciones ya que "la sociedad civil organizada va muy por delante de los partidos políticos y administración pública, que va siempre al final del vagón" decía el primer teniente alcalde concluyendo que su presencia es fundamental para movilizar y negociar con los poderes públicos las condiciones de los derechos sociales.
Manuel Baena explicó que las 18 familias para las que ya se había iniciado el expediente de expropiación temporal del uso de la vivienda, la Consejería de Vivienda solicitará una moratoria a la banca de 5 meses, el mismo periodo que ha dado el TC, planteándole incluso al PP Andaluz que apoye este paréntesis a lo que el partido de Zoido parece que accederá.
Izquierda Unida presentará en el próximo pleno del mes de julio en el Ayuntamiento de Lucena una moción para que el Gobierno Central retire el recurso, condenando su interposición al no atender a razones de justicia social luchando contra normas que lo que pretenden, precisamente, es poner en valor ese derecho constitucional del artículo 47 de la Carta Magna. Previsiblemente saldrá adelante, aunque no ocurriera así en el Pleno de la Diputación del pasado jueves ocupado mayoritariamente por sillones populares.
Cerraba la atención a los medios Miguel Villa exponiendo que "mientras Izquierda Unida tenga la posición de poder legítimo para gobernar la Junta de Andalucía y de legislar en el Parlamento, no cesaremos en el intento de hacer realidad lo que es un acto de justicia social como es declarar la vivienda elemento y derecho básico de cualquier ciudadano".
( Sur de Córdoba )
