Según detalla el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, el acusado supo en el año 2003 a través del entonces alcalde de la ciudad, Manuel Baena (IU), "a quien no se ha dirigido en ningún momento imputación por estos hechos, encontrándose prescritos para él", todos los detalles sobre la parcela seleccionada para la edificación del nuevo acuartelamiento en el polígono Las Flores, una información que "se omitió al resto de empresarios y en el convencimiento de que él iba a ser a quien se adjudicara la obra".
El informe del fiscal señala que el empresario utilizó esa información para comprar los terrenos en los que se ubicaría el edificio y firmó además un acuerdo con una cadena de supermercados para cederle un local del viejo edificio de la Guardia Civil una vez que pasara a ser de su propiedad. Además, como la parcela comprada tenía 9.000 metros cuadrados de superficie y el espacio necesario para el cuartel era de 6.000, el constructor vendió a un tercero otros 3.000 metros cuadrados de terreno sobrantes. En total, según la fiscalía, "se calcula que los beneficios que el acusado esperaba obtener con tales operaciones ascienden a 956.991,08 euros".
En la narración de los hechos, el fiscal relata que el empresario pontanés, una vez que se hizo con la propiedad de los terrenos que previamente la Guardia Civil había marcado como idóneos para el desarrollo del proyecto, "comenzó las obras sin licencia ni adjudicación legal", si bien con motivo de una inspección llevada a cabo el día 4 de noviembre de 2004, solicitó el permiso de obras el 5 de abril de 2005, "concediéndose el día 20 de abril de 2005, un día después de que el acusado suscribiera con el alcalde de Puente Genil un Protocolo de colaboración, por el que se le adjudicaba la obra del nuevo cuartel, estando ya la obra prácticamente terminada".
En sus conclusiones, la fiscal añade que a ese acuerdo se llegó "sin que el Ayuntamiento de Puente Genil aparentemente se obligara a pagar cantidad alguna, ni asumiera ninguna obligación, salvo la de ceder las instalaciones del antiguo cuartel al acusado". Así las cosas, se reclama al acusado una multa de 1,5 millones de euros y una pena de un año de prisión por estos hechos.( El Día de Córdoba. Gema N. Jiménez )
