Los principales responsables provinciales y autonómicos de IULV-CA se reunieron ayer en Puente Genil para abordar algunos de los aspectos derivados de la "situación agónica" que están padeciendo los ayuntamientos tras la entrada en vigor de la Ley de Financiación Local. Y una de las decisiones adoptadas en esa mesa de trabajo fue la de interponer dos recursos, uno dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otro ante el Tribunal Constitucional, porque entienden que "se ha cerrado por parte de la Junta de Andalucía la posibilidad de que los ayuntamientos tengan participación estructural en los ingresos". Además, consideran que "se incumple la Constitución".
En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Puente Genil, Manuel Baena; el coordinador provincial, Francisco Martínez; y el responsable de Política Municipal Autonómica, Manuel López Calvo, quien explicó que llevarán dos propuestas: por un lado, la obligación de prestar servicios con financiación; y por otro, que se regule la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma con el fin de que sea "menos discrecional".
Asimismo, otra de las líneas de trabajo de la formación estará dirigida a intentar aminorar las facturas en el pago de electricidad, es decir, que se considere 2como un servicio público".
En este sentido, el alcalde, Manuel Baena, subrayó que la agónica situación que están viviendo los ayuntamientos "puede explotar en este último trimestre", por lo que advirtió de la posibilidad de verse obligados a renunciar a prestar parte de los servicios que están dando, ya que la situación "se agrava cuando entra en vigor la Ley de Financiación Local", que no garantiza transferencias económicas a las competencias derivadas a los ayuntamientos. Ello se traduciría, añadió el alcalde, en dejar de pagar el mantenimiento de los colegios, instalaciones deportivas o incluso el cargo de electricidad de la vía pública y de los edificios municipales. Según afirmó Baena, la intención del Gobierno central es que "renunciemos a las atenciones y, por tanto, de una manera encubierta, pretenden empobrecer a la población", ya que con los dos únicos impuestos que recaudan los ayuntamientos, contribución e impuesto de vehículos, no da para pagar la mayor parte de los servicios.
Por su parte, el coordinador provincial lamentó que el Gobierno "inyecte dinero público a la banca mientras se recorta la posibilidad económica a los ayuntamientos". No obstante, la coalición quiere lanzar un mensaje, y es que "IU va a garantizar la gobernabilidad". En el ámbito social, la agrupación mostró su respaldo a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre.(Diario Córdoba)
