Los concejales del Ayuntamiento de Puente Genil volverán a cobrar por asistir al Pleno, una remuneración que no han recibido desde que el pasado mayo se suspendió este pago. Así lo ha aprobado este Consistorio durante el transcurso de la última sesión celebrada en la sede municipal. Este asunto se convirtió en uno de los principales temas que abordaron los ediles. Junto a la devolución de este derecho, el debate sobre la adhesión del Ayuntamiento pontanés al Fondo de Participación de las Entidades Locales en tributos de la comunidad autónoma fue destacó también entre los puntos que que figuraban en el orden del día del Pleno de la corporación municipal celebrado en la tarde-noche del pasado lunes. La propuesta de la Alcaldía, que salió adelante con el voto de todos los grupos, no estuvo exenta de polémica, ya que los partidos políticos aprovecharon la ocasión para posicionarse en materia de municipalismo.
Fue el alcalde, Manuel Baena, quien propuso que vuelva a retribuirse la asistencias a los Plenos, tanto los ordinarios como los de carácter extraordinarios. De esta forma, los ediles que no tengan dedicación exclusiva o parcial se embolsarán la cuantía de 300 euros por Pleno. Con esta medida, se pretende dar solución al conflicto legal generado tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en referencia a la situación que se venía dando con el concejal de Izquierda Unida (IU), Juan Perales, establecía que no podía haber diferencias retributivas entre los ediles por su asistencia a los Plenos. Por este motivo las asignaciones económicas han estado paralizadas desde el pasado mes de mayo. Tras el debate, la propuesta salió finalmente adelante con el voto favorable de los concejales de IU y PP y la negativa de los del PSOE y el PA.
En el apartado de ruegos y preguntas, los populares denunciaron el retraso que acumula la adaptación de los badenes en este municipio. Según declaró el PP, el Gobierno municipal no ha realizado un trabajo que debería culminar el próximo 30 de octubre. El alcalde respondió que esta actuación "no es necesaria" en el caso de los cascos urbanos de las localidades, una defensa a la que se opusieron los populares.(El Día de Córdoba)
