En la misma línea parece estar el PSOE pontanés, cuyo portavoz, Esteban Morales, dijo ayer que con la asignación que le corresponde al municipio del Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) "tenemos una oportunidad para solucionar y dar un carpetazo definitivo a este asunto". Para Morales "al inmueble le falta un poco de obra y dado que el alcalde dice que no sabe nada sobre este tema y que el edificio es propiedad del Ayuntamiento, ahora convendría estudiar la posibilidad de su terminación con cargo a los fondos del Proteja, deducir estos gastos de los aprovechamientos urbanísticos del antiguo cuartel al empresario que tendría que concluir la obra, y de una vez por todas, finalizar un proyecto que está ocasionando demasiados problemas para este pueblo", sentenció el también vicepresidente de la Diputación cordobesa.
Sin embargo, IU replicó que "no es posible" destinar el Proteja al nuevo cuartel porque "el propio decreto que regula este plan lo impide, puesto que nos obliga a destinar el 60% a la contratación de personal", lamentaron desde IU. No obstante, las mismas fuentes indicaron que el Proteja "es una buena opción que nosotros compartimos y que ya estudiamos, pero nos tememos que es inviable, por lo que tendremos que buscar otras fórmulas de financiación". IU también coincide con los socialistas en la necesidad de "cerrar definitivamente este asunto lo antes posible".
Una vez que se concluyan los trabajos que restan en el acuartelamiento se podrá elevar a la categoría de convenio el acuerdo que el Ayuntamiento de Puente Genil mantiene con el Ministerio del Interior para cambiar la ubicación del Puesto Principal de la Guardia Civil desde su actual sede en el centro de la ciudad hasta las nuevas dependencias. El acuerdo plenario en el que se acordó la expropiación del nuevo cuartel tuvo lugar en mayo de 2008.
No obstante, esta edificación ha estado permanentemente rodeada de polémica, ya que la Comisión Municipal de Urbanismo en el mandato municipal 2003-2007 concedió la licencia de obras al empresario promotor antes de que se regularizara la situación del suelo, que en ese momento era rústico.
A raíz de esta decisión se inició una investigación judicial que derivó en la imputación del alcalde de la ciudad, Manuel Baena, y de concejales de IU, PSOE, PP y PA, por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Tras una dura pugna política por este asunto que ha durado varios años, el juez decidió finalmente archivar la causa contra los concejales, aunque mantiene la acusación contra el promotor y un técnico de la Guardia Civil.(El Día de Córdoba)
