Un grupo de vecinos de Puente Genil ha iniciado una serie de acciones de protesta contra la reapertura de una planta de secado de orujo ubicada junto a la carretera que une la localidad con Aguilar de la Frontera. En un escrito que se va a remitir en los próximos días al alcalde, Esteban Morales, y al que ha tenido acceso El Día, los integrantes de este movimiento vecinal señalan que recientemente se ha observado movimiento de personal trabajando en las inmediaciones de las instalaciones, y recuerdan que la planta ya se cerró en una ocasión "porque incumplía con la normativa en materia de impacto ambiental y debido a las múltiples denuncias que sobre ella recaían".Las quejas y denuncias que motivaron el cierre de estas instalaciones estuvieron fundadas, entre otras, en los gases tóxicos que generaba el secado del orujo y la proximidad de viviendas y zonas residenciales. Los vecinos aseguran que además de los vertidos de alpechín, "el proceso de secado de orujo genera malos y molestos olores y emisión de benzopirenos, unos hidrocarburos aromáticos muy tóxicos, cancerígenos, liposolubles, acumulativos, que el organismo no es capaz de eliminar y cuya vía más letal es a través del aire, por inhalación. El benzopireno produce mutaciones celulares, cánceres y debilitamiento del sistema inmunológico después de una permanencia prolongada en el organismo humano".
El colectivo pone de manifiesto que antes de que el Ayuntamiento conceda licencia para el desarrollo de la actividad "se debe someter a Evaluación de Impacto Ambiental, pues se trataría de una instalación de gestión de residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos". Además, los firmantes han anunciado que pondrán esta cuestión en conocimiento de los grupos políticos con representación municipal y promoverán una plataforma de recogida de firmas para que no se permita la actividad en estas instalaciones situadas a poco más de un kilómetro del casco urbano, una circunstancia que tampoco se ajustaría a lo dispuesto en la normativa que regula el desarrollo de la labor de estas empresas, que establece una distancia de, al menos, cinco kilómetros, entre la ubicación de las mismas y la población.
Por último, el escrito finaliza indicando que "no comprendemos como existiendo ya una planta de este tipo, este Consistorio permite que un empresario de Baena venga a Puente Genil a traer los residuos que allí no quieren o no permiten". ( El Día de Córdoba. José M. Cabezas )
