Cinco imputados. Es el saldo de presunto implicados que ya han declarado ante la autoridad judicial por su supuesta pertenencia a la trama de defraudación de IVA en transacciones de bebidas alcohólicas derivadas que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Puente Genil.
Según confirmaron a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos cinco citados se encuentran en libertad con cargos. Tres de ellos tuvieron que abonar las fianzas que les impuso el togado para eludir la prisión.
Hasta el momento, las diligencias abiertas se tramitan por un delito contra la Hacienda Pública y el titular del órgano judicial las ha declarado parcialmente secretas para que las pesquisas no se vean perjudicadas.
Como ya avanzó ayer este periódico, la causa abierta por el juzgado pontano parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le remitió la denuncia. El asunto tiene ramificaciones en Cataluña. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de Figueras también ha abierto diligencias previas para destapar el denominado «circuito catalán» de este presunto delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por Instrucción 2 de Puente Genil han acreditado la realidad de las dos citadas tramas de fraude, consistentes en la importación comunitaria de partidas de botellas de alcohol, la adquisición de dichas partidas en régimen transitorio de IVA a la exportación por sociedades fantasmas, de corta duración y administradas por personas contratadas al efecto, en muchos casos, testaferros.
Este tipo de engaño se conoce como fraude «carrusel» en el IVA. Consiste en la creación de una estructura empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias estén exentas de dicho impuesto.
Pese a la relación existente entre ambas tramas (la catalana y la andaluza), las causas están judicialmente separadas. Y es que, en realidad, no parece haber más vínculos entre ambas que el hecho de que las importaciones se realizaban a través de un depósito fiscal, localizado en la provincia de Castellón, a través del cual se realizaba la importación y se liquidaban los impuestos especiales. Pero entre ambas redes los testaferros son diferentes y los adquirientes finales, también, según apuntaron a ABC.
Desde el juzgado que se encarga de la causa eludieron aportar ninguna información más, a la espera de recabar más pruebas y finalizar la instrucción, que arrancó a principios de 2013.
Otros casos
No es la primera vez que una trama de este tipo salpica a la provincia. A finales de 2010, la Guardia Civil llevó a cabo la denominada «Operación Llave», que concluyó con 24 detenidos, diez de ellos en Córdoba, que eludían el pago de impuestos especiales sobre el alcohol y a los que se acusó de defraudar a Hacienda hasta nueve millones de euros entre 2005 y 2010.
Las investigaciones se iniciaron tras detectar una serie de empresas del sector del alcohol que eludían el pago de los impuestos especiales mediante la declaración de falsos envíos de ese producto a vinagrería.
El objeto final del fraude era el desvío de alcohol, supuestamente empleado en la fabricación de vinagre, para destinarlo a otros usos sin pagar del Impuesto Especial del Alcohol y las Bebidas Derivadas, así como del IVA sobre este producto. (Abc.DAVINIA DELGADO)
